El propósito de la actividad es apoyar al Gobierno de Perú y a la sociedad civil peruana en la reducción de los delitos ambientales a través de un enfoque multisectorial, que incluye fortalecer el sistema de justicia, aprovechar la ciencia y la tecnología, monitorear y proteger la flora y la fauna, definir costos e incentivos económicos, y apoyar a la población minera para que pueda incorporarse legítimamente al sector económico formal con estándares adecuados de protección social y ambiental.